Un nuevo código civil, los mismos olvidados de la tierra

por Gastón chillier y Carolina Fairstein

En la última semana cobró fuerza y protagonismo la discusión del anteproyecto de reforma del . Esto es lógico, por la trascendencia del acontecimiento en términos sociales y políticos. El Código Civil regula casi la totalidad de las relaciones entre personas y establece el alcance y límites del poder del Estado para intervenir sobre ellas.

La reforma es una iniciativa de un gobierno que ha promovido leyes –aprobadas con el apoyo de otras fuerzas políticas– que lograron ampliar derechos a favor de sectores para los cuales su acceso resultaba esquivo. Entre ellas, se destacan las de migrantes, matrimonio igualitario, de identidad de y de salud mental. El principal propósito de estas medidas legislativas fue plasmar en leyes el principio clave de una democracia social: la igualdad.

El Código Civil vigente, salvo por algunas reformas, tiene un contenido y espíritu acorde al diseño institucional y económico del liberalismo clásico del siglo XIX que lo gestó. A través de él, se consolidó un sistema de propiedad individual privada, exclusiva y perpetua que era funcional a los intereses económicos de la burguesía en ascenso privilegiada en aquel entonces con el acaparamiento de tierras.

La sanción de un nuevo Código Civil debe buscar resolver la problemática del acceso al suelo, al territorio y la vivienda adecuada por parte de los sectores populares urbanos y rurales. Además de las razones filosóficas, jurídicas y políticas que justifican esta necesidad, el sistema vigente ha demostrado su incapacidad para cobijar las formas en las que viven, alquilan, trabajan y producen estas personas, que deben resignarse a ver reguladas sus relaciones en el plano de la informalidad.

Sólo para dar un ejemplo, el marco legal actual torna harto dificultoso que familias campesinas puedan, en el mejor de los casos, acudir a la justicia para que se los reconozca como dueños de las tierras en las que habitan y trabajan hace dos y tres generaciones. En el peor, la justicia y las normas actuales sirven para desalojarlas violentamente con muertes de por medio como el caso de Cristian Ferreyra de Santiago del Estero.

Algunas cifras permiten abordar la magnitud del problema. En el plano rural, según la Red Agroforestal , en el norte de nuestro país existen casi 6 millones de hectáreas en conflicto, por precariedad en la tenencia, desalojos o daños medioambientales. Cerca de 600 mil personas están afectadas por esta situación. Un informe realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, identificó que en 857 casos conflictivos vinculados al acceso, tenencia y distribución de la tierra, el 87,4% de los afectados eran sólo poseedores de sus tierras y, por lo tanto, carecían de seguridad en la tenencia.

En el contexto urbano, recientes investigaciones sostienen que el 95% de las familias que viven en villas y asentamientos, que no dejan de crecer en número y población, carecen del acceso a servicios elementales y sufren un empeoramiento acelerado de sus condiciones habitacionales.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras el número total de habitantes se mantiene estable, la población residente en villas y asentamientos ha registrado un crecimiento de un 52% entre 2001 y 2011, según la propia Dirección de Estadísticas y Censos porteña. Asimismo, los resultados del último Censo Nacional de 2010 indican que los hogares con inquilinos de que no poseen provisión de agua por cañería interna, o no disponen de retrete con descarga, o tienen piso de tierra aumentaron en un 193 por ciento. Casi la totalidad de las que observan algunas de estas condiciones, están ubicadas en villas y asentamientos precarios.

En esta realidad social y económica deberá operar uno de los aspectos más relevantes del Código Civil, como es el que regula el derecho a la propiedad y las formas de adquirir y perder el dominio. Desde el CELS entendemos imprescindible que el nuevo cuerpo normativo contemple, atienda y procure resolver la informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país.

Sin embargo, como hace casi 150 años, nuevamente representando intereses de sectores dominantes, el proyecto de reforma planteado contempla sólo formas jurídicas que permiten regularizar las actuales formas de vivir de los sectores de altos ingresos en countries y barrios privados y no considera la regularización de las formas de vivir y producir de los sectores socialmente excluidos.

Resulta inexplicable la eliminación del principio de la función social de la propiedad del dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral que estudia la reforma del Código.

El reconocimiento de la función social de la propiedad no hace otra cosa que avanzar hacia la constitucionalización y modernización del Código, ubicándolo en línea con el derecho internacional de los . Su incorporación no implica afectación del derecho de propiedad, sino que apunta a armonizarlo con el interés social, como ya lo hicieron –con rango constitucional– 14 de nuestras provincias, la Constitución Argentina del ’49, y otros países de la región como Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador.

Pero además se deberían incorporar otras medidas que transformen la función social de la propiedad en un derecho efectivo. Se deben flexibilizar normas relativas a la adquisición de bienes inmuebles por parte de sus verdaderos poseedores cuando estén destinados a la vivienda y agricultura familiar, y eliminar obstáculos legales –como la perpetuidad del dominio– para facilitar la intervención estatal al momento de mejorar el acceso al suelo y al territorio. También es preciso incorporar modificaciones que garanticen el acceso a servicios básicos y condiciones adecuadas de vivienda, más allá de la titularidad del inmueble.

Concluidas las discusiones en el seno de la Comisión Bicameral, estamos ante la posibilidad cierta de que se apruebe un nuevo Código Civil signado por una perspectiva clasista que continuará legislando en materia de derecho a la propiedad para los sectores de mayores ingresos y menores necesidades en vez de avanzar en el camino a eliminar desigualdades. Algo incongruente con el proceso de ampliación de derechos que viene acompañando el aniversario de los 30 años de democracia argentina.

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