Los intentos por marcar la agenda

por Carlos Heller

Una de las características recurrentes del pensamiento tradicional que prevaleció durante los noventa, y que nuevamente intenta recuperar espacio, está asociada a la idea de las reuniones que convocan a “exitosos” economistas para conocer qué sucede e indicar cuáles son las “soluciones para el país”. Un buen ejemplo de este tipo de prácticas se dio el último martes, durante la reunión anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), reducto que suele alojar a académicos e intelectuales empecinadamente ligados al neoliberalismo.

Como no podía ser de otra forma, en el encuentro no dejaron de sonar pronósticos sombríos sobre la economía argentina, avizorando niveles de crecimiento exiguos. Esta pléyade de economistas son en realidad los mismos que en su momento sostenían fervientemente la fortaleza de la convertibilidad, que se hizo añicos en diciembre de 2001, generando con ello una de las peores crisis de las que se tenga memoria.

Allí desfilaron como asistentes ex ministros como José Luis Machinea y Ricardo López Murphy, y expusieron consultores estrella de la city de otros tiempos, como Miguel Ángel Broda, quien no descarta que llegue a 2015 atravesando una crisis “light” de la economía. Si quien se caracteriza por cargar las tintas en pesimismo asigna como el peor pronóstico una crisis tenue, no deja de ser alentador y puede pensarse que la realidad continuará marcando un crecimiento de la economía en los dos siguientes años. Dicho economista afirmó también que la Argentina tiene un bajo crecimiento potencial como consecuencia de “un mal clima de negocios”, del “aislamiento financiero”, del “excesivo gasto público clientelar”, y de los “cuellos de botella en infraestructura y logística”: típicos argumentos del noventista Consenso de Washington.

La liviandad con la que se vuelcan conceptos como “crisis” o “estancamiento” nos da una pauta de que el verdadero motivo para mencionarlos no radica tanto en su veracidad, como en la necesidad de condicionar la agenda del gobierno manipulando “el humor social”. Eventos como el de FIEL constituyen una excelente caja de resonancia para intentar transmitir el ideario al que adscriben las facciones dominantes del empresariado local, lo cual se expresa no sólo en la lista de auspiciantes del encuentro, sino también en la conformación de los paneles, donde sobresale la participación de los economistas de los bancos internacionales, y de destacados columnistas de periódicos centenarios. Todo un signo de lo que se encuentra en juego que no es más que el reflejo de las intensas controversias que se vinculan al modo de organización de la sociedad y a la distribución de los frutos del crecimiento.

La puja por las regulaciones

Los intentos por marcar la agenda también se observan en la reunión que se desarrolló entre las principales asociaciones de del país, con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como anfitrión y la participación de entidades como la UIA y la Sociedad Rural entre otras, con la intención de conformar un bloque homogéneo de empresarios que vaya mas allá de la representación de las propias organizaciones. Los medios de comunicación lo han bautizado como G7 o G8, el mismo acrónimo que se utiliza para identificar a la reunión de los países más poderosos del planeta. Las declaraciones posteriores aparentaron un perfil políticamente “correcto”, al señalar que entre sus objetivos están los de perseguir el desarrollo económico-social y la creación de empleo, una postura que dista de sus verdaderos pensamientos y que no resiste el peso de archivo alguno.

Al respecto, es interesante recordar el manifiesto liminar de AEA, que nuclea a algunas de las empresas más grandes del país, y cuya vicepresidencia está a cargo, entre otros, del grupo Clarín, o de Techint. En 2009 la Asociación señalaba que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país”. Esta frase de neto espíritu neoliberal constituye la histórica reivindicación de la derecha sobre la propiedad privada, extendida a la cuestión de la intangibilidad de las ganancias. Por ello, no es de extrañar que también sean fervientes opositores a un cambio progresivo en materia de tributación, tal como se deja ver en un comunicado del 12 de septiembre de este año en el que AEA “considera muy negativos los nuevos impuestos a la distribución de utilidades y a la venta de acciones, que agravan una situación de excesiva y creciente presión fiscal sobre las empresas formales, haciendo inviables muchos nuevos proyectos de inversión y actividades productivas”.

La defensa de las ganancias irrestrictas también se halla en contradicción con los propios reclamos del establishment en lo que concierne a la problemática de la , ya que es sabido que para reducir el incremento de los no bastan recetas mágicas, sino que es necesaria la presencia del Estado en el proceso de fijación de y en la identificación de la estructura de costos, de forma tal de evitar la existencia de rentabilidades excesivas, y por lo tanto incompatibles con el interés del conjunto de la sociedad.

En última instancia, las frases que utilizan estos empresarios liberales rondan la retórica de sus falsas propuestas de un mayor desarrollo social, el que desde su perspectiva sólo puede ser alcanzado a través de la energía del sector privado, sin mayores regulaciones del Estado.

Un caso reciente que muestra cuáles serían las condiciones ideales para este tipo de empresarios concentrados es el de la telefonía celular, segmento en el que ciertas compañías suelen desplegar estrategias cartelizadas que constituyen verdaderos abusos a los consumidores.

En estos días se ha estado discutiendo una cuestión que no es nueva, y es el mal funcionamiento de los teléfonos celulares. Con el aumento del poder adquisitivo de la población y las mejoras tecnológicas, las empresas han estado vendiendo líneas y nuevos servicios, a tal punto que hoy en día se encuentran en servicio cerca de un celular y medio por habitante.

Sin dudas, es el sector que más creció y más ganancias generó, pero las empresas no realizaron las inversiones requeridas, y es por eso que ahora se llega a esta situación de ineficiente servicio. Creo que es oportuno pensar en una regulación que defina a los servicios de telefonía como de interés público nacional, de forma tal que el Estado tenga un mayor control, cuando hoy tiene varias limitaciones para hacerlo, a diferencia de lo que ocurre con la telefonía fija, que posee una fuerte regulación. Los fundamentos de las leyes que definieron como servicios de interés público a la pasta celulosa y al papel para diario, así como al logro del autoabastecimiento de , y que permiten mayores regulaciones a las actividades, deben servir de guía para establecer los pasos futuros en materia de telefonía celular y de otros tantos servicios. A partir de la definición del nuevo marco regulatorio se podría llegar a solicitar a las compañías intervinientes un plan de inversión y mantenimiento y niveles mínimos de calidad del servicio, de la misma forma que se podría generar una redefinición de tarifas.

Una vez más, aparecen las presiones de los que desean volver al sistema de valorización financiera y desregulación de los noventa, entronizando las ganancias empresariales como el valor esencial a alcanzar, postulando un engañoso “derrame” posterior hacia el resto de la economía. Posturas que confrontan con el modelo iniciado en 2003 y la obligación de intensificar la participación y regulación del Estado en los sectores y procesos económicos, para garantizar la continuidad del crecimiento con equidad social.


Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino