En una sesión maratónica, de casi 18 horas, aprobó y giró al Senado la reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras 18 horas de debate en la Cámara de Diputados se logró aprobar y girar al Senado la iniciativa más polémica de la reforma judicial: la que modifica la composición y la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

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Sin sobresaltos para conseguir el quórum, el Frente para la Victoria reunió junto a bloques aliados 130 votos positivos, apenas uno más de los requeridos por la Constitución, para avalar la norma, que espera ahora por su sanción y aprobación en el Senado.

El debate contó con la participación de más de 80 oradores y concluyó con la aprobación en general -donde pidió permiso para votar Domínguez- por 130 contra 123 sufragios, con lo cual se cumplió con el requerimiento constitucional de mayorías absolutas para proyectos derivados de la Constitución Nacional.

Esta decisión da transparencia de los tres poderes y consolidando el seno de sus instituciones y los avances populares obtenidos, por un Estado más plural, popular e inclusivo.

La ley establece la ampliación de la cantidad de integrantes del organismo, que pasará de 13 a 19, contando así cinco nuevos miembros académicos y científicos “interdisciplinarios”, que podrán provenir de otras profesiones no ligadas al Derecho. La elección de los representantes de los jueces y de los abogados será por voto popular.

El proyecto aprobado con las mayorías requeridas por la Constitución debe ser nuevamente analizado por el Senado, que debe decir si acepta o no los cambios incorporados por el oficialismo sobre la administración del , a la luz de las sugerencias de la Corte Suprema.

Otros de los 3 proyectos tratados es el de la creación de la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, con sede en Capital Federal.

Y como último proyecto aprobado son las funciones de las medidas cautelares que tendrán un plazo máximo de seis meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo y contribuirá a que las causas se resuelvan con mayor rapidez. Será obligatorio, además, que se le corra vista al Estado como parte del litigio -algo que hasta hoy no sucedía- y, eventualmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será concedida con efecto suspensivo, lo que hará caer automáticamente la cautelar. Sin embargo, no podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad alimentaria.

Por pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se amplió a los “sectores socialmente vulnerables” la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de contar con el punto de vista del Estado. También se excluyeron los conflictos laborales.-