El gobierno de expropió la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa), filial de compañías españolas que explotaba la operación de las tres principales aeroestaciones del país, y dispuso el despliegue de tropas militares en ellas “para garantizar la continuidad de los servicios”.

explicó que adoptó esa decisión después de no haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa, tras haber verificado el incumplimiento de inversiones comprometidas para el mejoramiento de los servicios y “una ganancia exorbitante a su favor”, informaron las agencias noticiosas ABI y EFE.

Morales anunció la medida, formalizada a través de un decreto supremo, en una conferencia de prensa que dio en la sede de la gobernación de Cochabamba junto al vicepresidente Alvaro García Linera y al ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.

“Digo con mucha claridad el robo, saqueo de esta privatización, pretexto de la capitalización”, indicó el mandatario.

Según explicó Morales, Sabsa -filial de las españolas Abertis y Aena- fue constituida con un capital de 52.100 bolivianos (equivalentes a unos 7.540 dólares), de los cuales sus fundadores pagaron la mitad.

Agregó que gracias a esa “inversión irrisoria”, la firma se hizo cargo de la administración de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, “cuyo costo asciende a 430 millones de dólares”.

Indicó que en diciembre de 2005 el Viceministerio de Transportes aprobó para el período 2006-22 un plan de inversiones por 53,44 millones de dólares.

De acuerdo con ese programa, Sabsa debía invertir 26,92 millones en el período 2006-11 pero sólo ejecutó entonces 5,89 millones, detalló Morales.

El mandatario resaltó que “contrariamente a esa ausencia de inversión”, la empresa expropiada computó entre 1997 y 2011 utilidades por 20,64 millones de dólares, equivalentes a 2.164 por ciento del capital pagado, que fue de 953.692 dólares.

“Estas y otras razones obligaron a tomar esta decisión de nacionalizar Sabsa, aunque por razones de carácter diplomático hemos esperado llegar a un acuerdo y además ex ministros negociaron con la empresa para que ellos pudieran invertir”, pero “no hemos podido entendernos, por eso este decreto”, subrayó Morales.

El decreto establece que los contratos suscriptos por Sabsa con terceros se mantendrán vigentes mientras el gobierno evalúa si deberán perdurar o rescindirse, y que “una empresa independiente” tendrá 120 días de plazo para determinar el pago que el Estado realizará a la compañía por las acciones expropiadas.
Fuente: Télam