Debaten en el Parlamento uruguayo el proyecto para democratizar los medios

La Cámara de Representantes del país vecino tratará desde este martes el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para modificar el marco regulatorio de ese tipo de medios bajo estándares de libertad de expresión, pluralismo y diversidad. Si se aprueba, quedará derogada la norma vigente, impuesta durante la Dictadura. Tiene apoyos internacionales.

(Ansol).- Varias organizaciones internacionales, como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, a través de la Coalición por una Comunicación Democrática, enviaron al Parlamento informes laudatorios con la estructura general del proyecto, aunque también sugirieron cambios, como la necesidad de un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente y autónomo del Ejecutivo.

La nueva ley, de ser aprobada, derogará a la Ley de Radiodifusión aprobada en 1978 en plena dictadura militar en . De acuerdo con información del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), la norma vigente “es un instrumento que ha permitido la concentración de las frecuencias y las licencias para operar cualquier medio regulado en pocas manos”.

Bajo esta legislación, advirtieron, muchos grupos “han desarrollado una estrategia vinculada a la reproducción de contenidos extranjeros y en distintos momentos han sido vehículo para restringir el pluralismo y la diversidad de voces en los medios”. Además, “habilitó durante décadas la entrega directa y arbitraria de centenares de licencias de , televisión abierta y televisión para abonados en todas sus modalidades por vínculos políticos o empresariales”.

El proyecto puesto a consideración de los legisladores tendrá varios cambios significativos respecto al texto que remitió el Poder Ejecutivo a mediados de año, aclaró CAinfo. Muchos de estos aspectos fueron modificados durante más de tres meses de trabajo parlamentario, durante las discusiones en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, donde unas 50 organizaciones nacionales concurrieron a ofrecer su posición y realizar aportes.

Comunicación y derechos

El proyecto incluye por primera vez una regulación dirigida a proteger los derechos de las personas, en especial niños, niñas y adolescentes, frente a los medios de comunicación. Se destaca la creación de un Defensor de las audiencias, que será el encargado de controlar el cumplimiento de varias disposiciones de la futura ley.

Por otra parte, se amplió el alcance de la regulación en el horario de protección al menor (entre las 6 y las 22 horas) que ahora también incluye a las señales de televisión para abonados. Esto afecta la emisión de imágenes violentas, pornografía, apología del consumo de drogas, entre otros contenidos, aspecto que no estaba contemplado en la redacción inicial.

La única excepción a esta regla, también introducida durante el debate parlamentario, refiera a los informativos. Se podrán emitir imágenes de violencia extrema, relativas a hechos de interés público que estén sucediendo en ese momento, y sólo luego de un aviso previo a fin de prevenir a los adultos para proteger al público infantil, tal como sugirió el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue.

Concentración

El Parlamento accedió a incorporar la figura de grupo económico para prevenir la concentración de medios. Ningún grupo podrá en adelante acaparar más de 3 frecuencias en cualquiera de las tres bandas del espectro y otras 3 licencias de televisión para abonados, si se trata del área metropolitana, o 6 si son licencias para abonados fuera del área metropolitana.

La futura ley también incluye un capítulo para regular las asignaciones de licencias y frecuencias bajo concurso público y control social. Los beneficiarios de licencias deberán pagar un canon, cuyo producido pasará a financiar un fondo para la producción audiovisual de televisión nacional.

Un tema que en esta primera cámara quedará pendiente es la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual, que ya estaba diseñado pero fue retirado debido a una disposición constitucional que no permite crear cargos públicos en el año electoral, período en el que el país ya ingresó.

Sin embargo, el propio presidente José Mujica anunció en el semanario Búsqueda que de aquí a marzo, cuando la ley sea aprobada por el Senado, se buscará una fórmula para dejar establecido un órgano de control independiente.