El régimen militar de 1976 llevó adelante, y con éxito, el objetivo de refundar estructuralmente la sociedad argentina en función de un nuevo proyecto dominante. Con el golpe se instaló un bloque de poder económico constituido por la alianza entre los sectores concentrados del capital nacional -los Grandes Grupos Económicos- y un grupo de poderosas Empresas Transnacionales. Hoy, ese acotado núcleo dominante continúa apropiándose de la riqueza producida por el trabajo del conjunto de los argentinos.

Proyecto dominante común

Los llamados “Grupos Económicos” se constituyeron por capitales de distintos orígenes e inserciones económicas. Por un lado hay grupos que provienen de una fracción de la oligarquía que durante los años treinta percibió que el agotamiento del modelo agro-exportador ligado al colonialismo inglés era irreversible, y que por lo tanto había que definir un proyecto alternativo dependiente de la nueva potencia imperial: los EEUU. Estos capitales se expandieron hacia la producción industrial y la actividad financiera (Bunge y Born, Braun Menéndez y Garovaglio y Zorroaquín). A ellos se agregan otros grupos económicos formados en la actividad industrial o en la explotación petrolera (Celulosa Argentina, Astra y Pérez Companc) y otros de reciente formación (Socma, Bridas y Arcor).

Por su parte, hay algunas empresas transnacionales (Brown Boveri y Dreyfus) que vienen de la etapa agro-exportadora, pero es a fines de la década de los cincuenta -durante el gobierno desarrollista de Frondizi, y en el marco de la expansión internacional de los EEUU- cuando se puso en marcha un proyecto dominante centrado en el capital extranjero y basado en la incorporación de nuevas actividades manufactureras (automotriz, petroquímica). Allí, varias empresas transnacionales se expandieron en el país mediante la instalación de múltiples firmas controladas (Ford, Pirelli, Bayer o Renault). Aunque ambas fracciones del capital eran importantes actores en la economía argentina desde hacía mucho tiempo, fue en los 70 cuando, por primera vez, lograron sintetizar un proyecto dominante común, que constituyó la base social fundamental de la dictadura militar.

El Estado en función de los intereses particulares

El plan económico de la Dictadura, diseñado y conducido por personeros de esos grupos, implicaba:
• Agredir una estructura económico-social constituida a lo largo de varias décadas de industrialización sustitutiva.
• Producir esta reestructuración a través de una crisis para lograr la marginación de ciertos sectores sociales, la redefinición de otros y el predominio de unos pocos.
• Lograr que los cambios se volviesen irreversibles.
• Esto suponía un férreo control sobre el aparato del Estado para reconstituir las condiciones de dominación social mediante el “disciplinamiento”, en especial de los sectores asalariados.

Para redefinir el Estado:
• Se eliminó la redistribución de ingresos hacia los sectores populares reduciendo los gastos en educación y salud, mientras se incrementaba el presupuesto militar y de seguridad.
• Se privatizaron empresas productivas que estaban en manos del Estado y las empresas públicas estrecharon su vinculación con las grandes empresas a través de la demanda de bienes y servicios. Al mismo tiempo se privatizaron parte de sus actividades, se indexaron sus tarifas y se endeudaron con el exterior.
• Se eliminaron las transferencias hacia el Estado provenientes del sector agropecuario a través de los derechos a la exportación, y la estructura impositiva se tornó crecientemente regresiva.

Para modificar el perfil productivo del país:
• Redujo los aranceles que gravaban los bienes importados.
• Subdevaluó el dólar y manipuló las tasas de interés.
• Liberalizó el sistema financiero con lo cual se dio lugar a la conformación de una deuda externa sin precedentes.
Como resultado de estas políticas se produjo una significativa redistribución del ingreso desde los sectores asalariados hacia el conjunto de los no asalariados, mediante la caída del salario real, el redimensionamiento del mercado laboral, el deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la jornada de trabajo. Sus efectos alteraron profundamente la estructura económica y la direccionaron según los intereses del nuevo poder económico dominante.

Ganadores y perdedores

Dentro de los sectores empresariales hubo quieres fueron perjudicados por estas políticas, esencialmente las pequeñas y medianas empresas. En cambio, los capitales nacionales y extranjeros, que tenían la propiedad de múltiples empresas, aumentaron su poder económico y el control que ejercían sobre los distintos mercados. La “desindustrialización” producida, aunque disminuyó las dimensiones de la estructura industrial por la desaparición de numerosas empresas, concentró la actividad en manos de unas pocas.

De las enormes ganancias que comenzaron a tener estos grupos, una parte menor se orientó a las inversiones productivas, vinculadas, en la mayoría de los casos, al aprovechamiento de los beneficios otorgados por el Estado. La porción más significativa se destinó a inversiones en el sector financiero, en la construcción residencial y en otros servicios suntuarios. Al mismo tiempo, la apertura de la economía alentó las transferencias de ganancias al exterior. Las firmas extranjeras remitían sus ganancias bajo distintas formas (remisión de utilidades, pago de tecnología, precios de transferencia); los Grupos Económicos, especialmente, recurrieron al endeudamiento externo que luego transfirieron al Estado, dando origen así a uno de los mayores saqueos que registra la historia reciente de nuestro país. A través de directivos y funcionarios de las empresas que pasaron a desempeñarse en el gobierno, lograron manejar a su favor la demanda de bienes y servicios del Estado, el manejo de los precios, el acceso diferencial al crédito, e incluso la obtención de avales y garantías oficiales para sus negocios.

En síntesis, el golpe produjo la emergencia de un nuevo poder económico constituido por capitales de antigua existencia en el país pero que a partir de entonces ocupan el centro de la economía. La progresiva concentración en sus manos de las empresas más productivas y la magnitud de sus inversiones financieras en el exterior, fruto de una continua fuga de capitales, los sigue capacitando para condicionar fuertemente el proceso económico del país y el destino de los argentinos.